REVOLUCIÓN FRANCESA I: Estados Generales. Asamblea constituyente (mayo de 1789-septiembre de 1791)
Luis XVI, cada vez más impotente ante la degradación de la situación, se había resignado a convocar, en agosto de 1788, los Estados Generales para mayo del año siguiente. Pero la Revolución, de hecho, había empezado ya con la rebelión de los parlamentos, que algunos nobles apoyaban. El rey, absoluto sólo en teoría, era respetado en todos los rincones del reino, pero el déficit crónico y la situación financiera habían hecho ineluctable aquella convocatoria de la que todo el mundo hablaba ya, mientras los cortesanos continuaban solicitando beneficios eclesiásticos, embajadas y mandos militares.
Aquella Francia, donde la pujanza demográfica de la segunda mitad del siglo daba testimonio del final de las depresiones por hambre y epidemias, contaba por entonces cerca de veintiséis millones de habitantes. Mientras se hilaba la lana en la rueca, que incipientes empresarios iban comprando por la aldeas, la industria (aparte las manufacturas reales y los arsenales), seguía ejerciéndose en los talleres, donde el patrón artesano, secundado por algunos oficiales, fabricaba objetos que solía vender en las ferias del entorno. En las ciudades, numerosos oficios seguían agrupados en gremios, cuyos reglamentos paralizaban el progreso técnico, si bien ya algunas grandes empresas empezaban a utilizar máquinas innovadoras y empleaban a una numerosa mano de obra (metalurgia, minas, manufacturas…)
Las islas y el tráfico de esclavos enriquecían a Burdeos, Nantes y Le Havre, mientras Marsella mantenía activos intercambios con Levante. Si los progresos de la agricultura era menos patentes que en Inglaterra, cultivos como la patata y la introducción de praderas artificiales para la alimentación del ganado, empezaban a extenderse. Los fisiócratas preconizaban el vallado de los campos y la constitución de grandes propiedades, más aptas para la introducción de innovaciones científicas. Diversos edictos venían alentando al reparto de los comunales entre los propietarios del municipio, para descontento de los desheredados.
Por otro lado, la multiplicidad de divisiones administrativas y particularismos locales hacía complejo el gobierno del reino, y las instituciones financieras no permitían ni una eficiente gestión, ni la recaudación de recursos suficientes; los plebeyos (roturiers) pagaban la totalidad de la taille royale –principal impuesto directo- y la mayor parte de otros tributos; la mayoría de los indirectos (gabelles sobre la sal y aides sobre las bebidas) se hallaban en manos de capitalistas arrendatarios, los fermiers généraux.
Ni las instituciones judiciales eran mejor aceptadas: la justicia real, que variaba de los llamados pays de derecho romano a aquellos de derecho consuetudinario, era lenta y onerosa, y por las lettres de cachet un súbdito podía ser encarcelado en cualquier fortaleza de la corona.
Es cierto que algunos hombres de Estado (Turgot, Nécker, Calonne, Loménie de Brienne…) venían comprendiendo la necesidad de realizar reformas que suprimiesen las corporaciones, facilitasen la circulación de mercancías, restaurasen las finanzas públicas y creasen impuestos directos universalmente repartidos; pero todos se habían encontrado con la hostilidad de la Corte y de los Parlamentos que, amparados en la dilogía de su nombre, se pretendían los guardianes de las leyes fundamentales y de las libertades.
Para romper tales resistencias, hubiera sido necesario, a la cabeza del Estado, un monarca con energía, cualidad de la que, entre otras más domésticas y personales –genéricamente amante del bien público y honesto-, carecía Luis XVI. La reina, mujer de trato encantador, pero corta de luces en la alta política, ejercía sobre aquella personalidad escrupulosa un fuerte ascendiente; y ello, ante la inútil presencia de los hermanos del rey, el escéptico conde de Provenza (futuro Luis XVIII), y el frívolo conde de Artois (un día Carlos X). El duque de Orleáns, primo del rey, en su residencia parisiense del Palais Royal, fomentaba intrigas y desavenencias.
A pesar de los golpes de ariete que la Ilustración venía asestándole, el Clero (0,5% de la población), gozaba de gran consideración y de privilegios fiscales y judiciales; poseía importantes propiedades de mediocre rendimiento e inmuebles por los que percibía alquileres, y recibía diezmos (generalmente muy inferiores a lo que su denominación podía dejar pensar). Pero, además de su “voluntaria” contribución al Estado y de los derivados del culto, este estamento asumía la mayor parte del funcionamiento de los hospitales y de la asistencia pública, y la totalidad de la enseñanza y el registro civil. Era, sobre todo, el clero regular el que venía siendo objeto de las críticas de filósofos y economistas, que le reprochaban la mediocre atención con que cultivaba sus propiedades, y de las quejas de los obispos, que lamentaban su independencia.
Alto y bajo clero parecían mundos aparte: casi todos nobles segundones en el primero, de los que, la mayoría, residían en la Corte, y algunos gozaban de elevadas rentas. Y es que, salvo excepciones, abiertos ellos mismos a las nuevas ideas y faltos de vocación, aportaban escasa diligencia en defender la doctrina que atacaban los Ilustrados. El bajo clero -salido del pueblo y la pequeña burguesía-, mostraba, las más de las veces, fe en su ministerio, pero soportaba con enfado la altanería y frivolidad de los prelados.
La Nobleza reunía a aquellos cuyo nacimiento confería superioridad sobre el resto de la nación. Los que eran señores propietarios ejercían derechos feudales sobre los habitantes de su señorío, que podían ser personales (corvée), reales sobre el producto del trabajo o sobre los intercambios, además de las banalités, o monopolio de horno, molino o lagar. Estaban exentos de la taille y con un trato de favor respecto a los demás impuestos directos. Si bien la administración municipal se les escapaba generalmente, ejercían sobre sus vasallos derechos de justicia y policía, y ellos mismos eran justiciables por el Parlamento. Las órdenes de caballería, el derecho de palomar y de caza, el blasón y llevar espada eran otros de sus privilegios.
Al lado de la noblesse d’épée, descendiente de la nobleza guerrera, otros debían su carácter a un cargo que confería nobleza, a la compra de un oficio o de cartas de nobleza (noblesse de robe), o a ciertas funciones municipales. Pero tal distinción había dejado de tener sentido, al emparentarse unos y otros por frecuentes matrimonios.
La nobleza cortesana comprendía, además de los príncipes, a las personas que podian participar en sus cacerías y subir a sus carrozas. Eran familias con rentas por encima de las 100.000 libras; el duque de Orleáns gozaba de cinco millones de libras anuales. Pero la vida de corte malbarataba tan considerables recursos.
La mediana nobleza provinciana vivia en desahogada posición; eran señores que, después de haber servido al rey unos años en el ejército o la marina, se habían retirado a sus tierras; en invierno se les veía en la ciudad (Rouen, Rennes, Dijon, Aix…), donde, con los miembros de los parlamentos regionales, animaban la vida local, y en sus mansiones campestres (châteaux), a partir de la primavera.
No era el caso del pequeño hidalgo que, entre estrecheces no confesadas, llevaba una precaria existencia, muy inferior, a menudo, a la de un rico propietario plebeyo.
Es cierto que algunos nobles no habían desdeñado participar en el movimiento económico que venía enriqueciendo a la burguesía a lo largo del siglo, u obtenían sus rentas de plantaciones coloniales o explotaciones mineras; pero la mayoría sólo seguía contando con sus tradicionales recursos para mantener el rango. Así, a fin de no empobrecerse mientras aumentaban los precios, la Nobleza trataba ahora de reforzar privilegios y acrecentar el rendimiento de sus derechos feudales. Los cuatro grados (quatre quartiers) de descendencia necesarios para ser oficial de los ejércitos del rey, aseguraban una salida a los hijos de la pequeña nobleza, que pasaban a ser educados en colegios militares reservados a ellos.
Así, la Nobleza tendía a convertirse en clase social hermética, y su reacción provocaba el creciente rencor de los campesinos y el descontento de los hijos de la burguesía.
El llamado Estado llano (Tiers État), venía comprendiendo al resto de la población -de la “nación”, como empezaba a decirse-. En la cumbre, estaban aquellos con suficiente fortuna para poder vivir de sus rentas (rústicas u otras), y que llevaban una existencia similar a la de los nobles: oficiales de las administraciones reales, propietarios de sus cargos, notarios, abogados y fiscales de los diversos tribunales, financieros y grandes dirigentes de la vida económica. Sus rasgos comunes eran la riqueza y el desprecio por el resto de la clase, a excepción de médicos, artistas, sabios y literatos, a quienes, si contaban con talento y cierta holgura económica, les estaban abiertas las puertas de sus palacetes. Clase social culta y celosa de la nobleza, que aspiraba a desempeñar en la vida política del país un papel a la altura de su valía.
El pueblo, le peuple, era el término con el que se designaba a la pequeña burguesía, aquellos que ejercían un oficio con privilegio (libreros, impresores, boticarios…), artesanos, tenderos, ujieres y alguaciles, intelectuales y periodistas, antes de que el vocablo venga a impregnarse de un valor místico-sentimental.
La plebe urbana comprendía a los obreros y peones, dependientes de un jornal que aumentaba, en este final de siglo, menos de lo que subía el coste de la vida; a criados también, a parados y mendigos. Vengan días de penuria, y esta gente será instrumento fácil para otros proyectos.
El mundo del campo no poseía conciencia de clase, ni gozaban sus componentes del mismo nivel de vida, ni tenían las mismas aspiraciones. Los laboureurs y los grandes fermiers, especie de burguesía rural se mostraban receptivos a las reformas de las que hablaban los Ilustrados. A ellos se dirigía el resto de la población campesina en busca de trabajo, o pidiendo un adelanto de grano con el que llegar a la nueva cosecha. Distinta situación vivían los pequeños propietarios que trabajaban su propio campo y los pequeños aparceros (métayers) y arrentatarios (fermiers), sin tierras suficientes para mantener a sus familias, que se empleaban en las granjas vecinas, buscaban un complemento a sus ingresos ejerciendo algún oficio (herreros, carboneros, carreteros, leñadores…), o trabajaban en el telar por cuenta de algún fabricant que pasaba a recoger la labor, y en talleres y fraguas. Y completaban este abigarrado mundo, mozos de granja, mujeres domésticas y braceros, verdadero proletariado, apegado a los derechos colectivos que le ayudaban a ir viviendo, y que se oponía al reparto de los bienes concejiles y al vallado de los campos.
Una grave sequía había arruinado los herbazales y diezmado la cabaña ovina, en el momento en que un tratado de 1786 con Inglaterra suscitaba a los industriales de Francia una temible competencia; las fábricas textiles redujeron su producción y empezaron a dejar sin trabajo a muchos obreros, cuando el campesinado dejaba de comprar tejidos y objetos fabricados. Pero fue la desastrosa cosecha de cereales de 1788, seguida de un riguroso invierno, la causante de la crisis definitiva; bandas errantes de mendigos infundían el miedo entre los aldeanos, que no alcanzaban a diferenciarlos de los salteadores de granjas.
El noble Montesquieu, en la primera mitad del siglo, había encomiado una monarquía moderada por la separación de poderes, y el burgués Voltaire había combatido toda su vida contra lo que consideraba injusticia e intolerancia. Condorcet, Mably y el abate Raynal no habían cesado de acosar a los sucesivos gobiernos.
Así, el descontento de la burguesía y el sufrimiento de obreros y rurales habían creado en muy poco tiempo un clima favorable a las reformas que los publicistas preconizaban. Al otro lado del Canal, Inglaterra parecía mostrar el ejemplo de una monarquía tolerante y próspera. Como también eran objeto de elogiosas glosas la Declaración de Derechos y la reciente constitución de los Estados Unidos; allá habían viajado jóvenes nobles idealistas y liberales como el marqués de La Fayette que, con veinte años en 1777, había tomado parte en la guerra por la independencia americana.
Y, sin embargo, la difusión de la lengua francesa en los medios cultivados de Europa y la influencia del pensamiento de los “filósofos”, de las artes y de la moda parisiense, expresaban el esplendor de aquella civilización. Clubes, sociedades intelectuales y la francmasonería contribuían a difundir los nuevos ideales, en pro de una sociedad que habría de formar a ciudadanos iguales ante la ley y que sólo el mérito personal distinguiría.
Con ocasión de las primeras manifestaciones de la que se conocerá por “revolución aristocrática”, se había visto en alguna regiones a privilegiados haciendo causa común con los burgueses, al no apreciarse aún con claridad el alcance de las pretensiones plebeyas. Pero, en el otoño de 1788, las discusiones en torno al papel que habrían de jugar los Estados Generales convocados habían hecho aflorar las divergencias, y los partidarios de reformas profundas se dieron a sí mismos el nombre de “patriotas”. Es verdad que entre estos se distinguían nobles como el duque de La Rochefoucauld-Liancourt, La Fayette, Condorcet, Mirabeau, algunos de los cuales lo pagarán con la vida; pero eran, sobre todo, abogados, periodistas, escritores y financieros.
Desde los tiempos de Luis XIII y Richelieu la consolidación del estado absoluto como formar de gobierno había sido posible gracias a un interés político común entre el monarca y la burguesía contra la feudalidad. Pero el camino se bifurcaba ahora.
El invierno fue dedicado por toda Francia a la preparación de los Estados Generales del Reino, dando lugar a una apasionada campaña de folletos y libelos, entre los cuales, aquel de Siéyès, “Qu’est-ce que le Tiers-État?” (¿Qué es el Estado Llano?), de enero de 1789 -después de su “Essai sur les privilèges”, del año anterior-, donde planteaba la cuestión de la soberanía nacional, “resultado de las voluntades individuales”. Clero, Nobleza y Estado Llano redactaron sus respectivos cahiers de doléances, o pliegos de agravios, a fin de darle a conocer al rey sus quejas y anhelos.
Nécker había insistido para que el Común tuviera tantos representantes como los otros dos estamentos reunidos, pero en todo caso, aquellos 1.139 diputados que resultarán elegidos no constituían partidos en el sentido actual del término.
Los “patriotas” contaban a algún prelado liberal como el arzobispo de Burdeos Champion de Cicé (que acabará emigrando), y otros eclesiásticos como Siéyès, o aquel Henri Grégoire que se pasará al Estado Llano, donde va a distinguirse por sus posiciones extremistas. A nobles también, como el marqués de La Fayette y el conde de Mirabeau; además de la representación general entre los que se contaban el astrónomo Bailly y numerosos juristas y abogados: Robespierre, Mounier, Barnave, Le Chapellier, Lanjuinais, Petión de Chartres… Pedían la abolición de los derechos feudales, de los diezmos y del impuesto de la gabelle sobre la sal. Todos reclamaban una constitución y se decían monárquicos.
En la solemne sesión de apertura, en la sala de los Menus-Plaisirs de Versalles, ese 5 de mayo de 1789, Luis XVI dirige unas palabras a los diputados, a las que siguen una breve alocución del ministro de Justicia o Garde des Sceaux y una intervención económica de Nécker. Pero ni una alusión a las reformas que esperaban los “patriotas”.
A cada estamento se le ha asignado un lugar determinado para sus deliberaciones, pero los diputados del Estado Llano se niegan a iniciar sus trabajos, mientras no estén reunidos todos en una tarea compartida. Algunos eclesiásticos aceptan días depués, y el 17, considerando que representaban el 96% de la Nación, los diputados se declaran constituidos en Asamblea Nacional. El 20, habiendo encontrado clausurada la sala “por causa de reparaciones”, sus miembros se trasladan al Jeu de Paume o Juego de pelota, donde juran no separarse hasta que una constitución para Francia quede fundamentada sobre bases estables.
Quienes rodeaban al rey le venían instando a que adoptara una actitud más enérgica. El 11 de junio, Nécker fue despedido y se dio la orden de concentrar tropas. Ya la burguesía veía alarmada cómo descendía la renta, mientras los obreros sufrían paro y carestía, afluían los indigentes a un París enfebrecido y el regimiento de elite de la Casa del rey, los guardias francesas (que no los suizos) empezaban a amotinarse. Todo eran rumores, que se discutían con miedo y apasionamiento en los jardines del Palais Royal donde peroraba Desmoulins. El 13, la burguesía de la Capital formaba un comité permanente que convertía en Municipalidad, y una Guardia nacional, tanto para resistir a una eventual reacción de la Corte, como para mantener el orden.
El 23 de junio, Luis XVI recuerda a los diputados reunidos en sesión plenaria, que nada de cuanto puedan decidir tendrá fuerza de ley sin su aprobación. Es entonces cuando Mirabeau responde con una enredada argumentación que, posteriormente, transformaría en aquella frase de “Allez dire à votre maître que nous sommes ici par la volonté du peuple, et que nous n’en sortirons que par la force des baïonnettes”. Allí estaban por la voluntad del pueblo, y sólo saldrían obligados por la fuerza. El 27, el rey ordenaba a los miembros de los estamentos privilegiados que se unieran al resto de sus colegas. La Corona había cedido ante aquella Asamblea que, el 9 de julio, se proclamaba Constituyente.
Y el 14 de julio, el elemento popular parisiense asaltaba las armerías y el Hôtel des Invalides, donde se apoderaba de miles de fusiles y pistolas. En sus manos también picas, sables, horcas y palos, antes de dirigirse todos, vagamente encuadrados, hacia la Bastilla, que servía de prisión de Estado.
El gobernador De Launay se atrinchera entonces en la fortaleza. Guardias francesas y nacionales se han unido ya a los asaltantes, con cañones que orientan hacia las torres. La llegada de nuevos refuerzos obliga al gobernador a entablar negociaciones; habla ya de rendirse y manda bajar el puente levadizo. De Launay es capturado, arrastrado entre mil violencias hasta la plaza del Ayuntamiento, l’Hôtel de Ville, y allí degollado con Flesselle, preboste de los comerciantes. En las horas siguientes, sus cabezas serán paseadas por la ciudad, acompañadas por el júbilo ruidoso del populacho.
En el ejército se señalan las primeras defecciones, y Versalles ha pasado de la jactancia al abatimiento. Luis XVI, que se inclina, una vez más, ante el hecho consumado, llama de nuevo a Nécker y, desplazándose a París el 17, reconoce a Bailly como alcalde de la ciudad, y a La Fayette comandante de la Guardia Nacional. Finalmente, habiendo sido declarado “padre de los franceses y rey de un pueblo libre”, acepta la divisa tricolor, que unía el blanco real a los colores azul y rojo de los “patriotas” parisienses.
París tomaba ya la iniciativa política con sus oradores, sus clubes y sus periódicos, y no la iba a abandonar en los cinco años que se pueden considerar entre los más turbulentos y terribles de la historia de Francia.
Con la capitulación del rey y la afirmación de la soberanía nacional, parecía concluir una revolución política que, de hecho, no hacía más que empezar. Los que se decían amigos de la libertad, en Francia y en el extranjero, saludaron la toma de la Bastilla como el inicio de una nueva era; muchos no tardarán en lamentarlo y algunos en desdecirse.
Fue entonces cuando el conde de Artois, el príncipe de Condé y los elementos menos condescendientes de la Corte con los acontecimientos en curso decidieron emigrar.
Instigados por las sociedades revolucionarias, los campesinos menesterosos venían agitándose en varias regiones de Francia, desde los primeros meses de 1789; asaltaban o quemaban castillos, mansiones y abadías, buscaban las cartas que establecían gravámenes y servidumbres, atacaban a los guardias forestales y destruían las empalizadas para recuperar el uso del bosque y los pastos comunes. Aquel movimiento recibió en julio un extraño impulso con la “Grande Peur”o miedo generalizado; era la época de la siega y existía el temor a las bandas hambrientas; se decía que bandoleros pagados por los aristócratas recorrían los campos para exterminar al pueblo. De región a región, de pueblo en pueblo, el pánico se extendió como un reguero de pólvora, los campesinos salieron armados a los caminos para defenderse y la revolución agraria se aceleró.
Creyendo así detener los desórdenes, la Asamblea Constituyente decidió dar satisfacción a los rurales. Y en la noche del 4 de agosto, por iniciativa de diputados nobles y eclesiásticos, la Cámara abolía lo que aún quedaba del secular régimen social en Francia; posteriores decretos vendrán a confirmar la supresión de diezmos, servidumbres y derechos feudales, que el labrador debería rescatar por medio de indemnizaciones fijadas por ley, y que casi nadie cumplirá.
Y uno de los que más entusiásticamente se distinguieron en promover aquella abolición fue el joven vizconde de Noailles, cuñado de La Fayette, que deberá exiliarse un día por salvar la vida, imitando así a su hermano el príncipe de Poix. Su propia esposa y la madre de ésta acabarán guillotinadas.
Antes de abordar el estudio de la Constitución que la Nación habría de darse, aquella Asamblea votaba también, entre el 20 y el 26 de agosto, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que decía garantizar a todos sus derechos naturales, la libertad, la igualdad y la propiedad, además de la resistencia a la opresión. Aquel texto, inspirado en los “filósofos” del siglo y en la Declaración de Derechos americana de 1776, oponía la soberanía de la Nación al absolutismo y dejaba sentada la separación de poderes, pero sólo era una profesión de principios.
Y, no obstante, la situación política continuaba siendo confusa; el rey había negado su sanción a los decretos de agosto, y entre los “patriotas” surgían las primeras grietas. Diarios y publicaciones mantenían la sobreexcitación de los ánimos, al tiempo que la creciente emigración dejaba en la calle a miles de criados y privaba a muchos artesanos de su más cualificada clientela. Luis XVI, ante el tono poco apaciguador de la prensa que en París se leía, había decidido llamar a Versalles al regimiento de Flandes, lo que algunos quisieron interpretar como preparativos de una reacción armada contra los arrabales.
El 5 de octubre, una columna de hombres y mujeres del faubourg Saint-Antoine y del barrio de las Halles se dirigió a Versalles reclamando pan. El rey acogió con sencillez bonachona a una delegación de los manifestantes, y muy fríamente a La Fayette que, a distancia, había seguido al cortejo con su Guardia nacional, y le pedía que viniera a instalarse en la Capital. Aquella noche, la muchedumbre acampó en las inmediaciones del palacio.
En la mañana del 6, grupos de exaltados quisieron forzar las verjas. La Fayette consiguió hacer evacuar el recinto e instó al rey a aparecer en el balcón del palacio. Sólo se oía: – Á Paris le roi, à Paris!
Luis XVI cedió otra vez. Entrada la tarde, una carroza con la familia real en su interior, iniciaba su penosa marcha hacia la Capital, rodeada de un heteróclito cortejo. Los reyes, instalados a partir de entonces en las Tullerías (con la Asamblea Constituyente en el picadero, la sala del Manège de los Feuillants), iban a conservar de esta humillación un resentimiento profundo.
En Versalles, en París y por toda Francia, siguió una nueva oleada emigratoria, con más paro y más desorden.
La cosecha de 1790 había sido buena y el abastecimiento se hacía mejor. Pero el gobierno parecía paralizado. La Fayette y Mirabeau rivalizaban por acaparar el protagonismo; el primero, en la cima de su popularidad y que tenía la pretensión de conciliar a la nobleza –abolida jurídicamente ese 19 de junio- con la burguesía, no contaba con la simpatía de la reina; y el conde, tan ambicioso como inteligente, acabará vendiéndole a la Corte consejos no bien seguidos.
Los intendentes abandonaban su puesto en las provincias y apenas se recaudaban los tributos. Y en el Ejército y la Marina todo era indisciplina, desorganizados sus cuadros por la emigración y afectados por la propaganda; la venalidad de los grados había quedado abolida y los ascensos habían pasado a ser, en buena parte, regidos por la antigüedad; la Guardia nacional, que elegía a sus oficiales y agrupaba a los “patriotas” activos y capaces de llevar un arma, proporcionaría también voluntarios, organizados por departamentos.
Dos empréstitos y una contribuciòn voluntaria apenas pudieron aliviar el alarmante cuadro financiero. En septiembre de 1789, Mirabeau había anunciado la hideuse, la espantosa banqueroute; y era apremiante encontrar dinero. El 12 de noviembre, a propuesta de Talleyrand, recién nombrado obispo de Autun, los bienes del Clero fueron puestos a disposición de la Nación; en diciembre se emitió papel moneda, que tendría un interés del 5% y se le llamó assignat, por venir garantizados sus títulos con aquellos bienes, y en mayo siguiente se suprimiò el interés, pudiendo canjearse una cierta suma por una cantidad determinada de “bienes nacionales”. Pronto las monedas de oro y plata desaparecieron de la circulación y hubo que emitir fracciones más pequeñas de asignados que se devaluarán y harán subir los precios.
Los innumerables periódicos que aparecían en París exaltaban unos la revolución en curso, como Le Patriote Français de Brissot, Le Père Duchesne de Hébert, o L’Ami du Peuple de Marat; otros, como La Gazette de France de Durosol, o Les Actes des Apôtres de Rivarol hacían escarnio del patrouillotisme.
Yen las sociedades revolucionarias o clubes se discutía con pasión:
La Société de 89 seguía a La Fayette y a Siéyès.
La Société des Amis de l’Homme et du Citoyen, o club de los Cordeliers, celebraba sus sesiones en un antiguo convento de franciscanos, de ahí su nombre, y era frecuentado por quien lo había fundado en abril de 1790, Dantón, y por Camille Desmoulins, Marat, Santerre, Fabre d’Églantine, antes de pasar bajo la Convención a manos de los hebertistas.
La Société des Amis de la Constitution, conocida luego como Club des Jacobins, fundada en noviembre de 1789 e instalada en el refectorio del convento de los dominicos o jacobinos de la rue Saint Honoré, era frecuentada por hombres de diversa ideología (Mirabeau, La Fayette, Talleyrand, Barnave, Robespierre o Brissot); en julio de 1791, sus miembros moderados se marcharán para fundar el club des Feuillants, nombre derivado del convento de bernardos adonde fueron a instalarse; y en septiembre de 1792 lo abandonarán también los girondinos, hasta convertirse aquel club de los jacobinos en el órgano de “la Montaña”, a partir de junio de 1793.
Al hilo de los debates, en estos meses de 1790 en que Nécker se retira y principios de 1791, las divergencias han ido haciéndose más profundas. Además del minoritario partido de la Corte, aparecen ahora los monarchiens, partidarios de una doble cámara legislativa y de amplios poderes para el rey; los constitutionnels, inclinados hacia un auténtico régimen parlamentario, con La Fayette, Bailly, Talleyrand o Siéyès; el triumvirat (Lamet, Duport, Barnave), recelosos del rey y su entorno, pero temerosos también de los progresos populares, finalmente, algunos démocrates, muy minoritarios aún, como Buzot, Petión o Robespierre, misionero este del sufragio universal y defensor de los humildes, de los que se hacía, como tanta gente leída de su tiempo, una imagen rousseauniana, bondadosa e inocente.
Y el entendimiento parecía reinar al principìo entre la mayoría de los diputados del Clero y los demás representantes que, en su mayoría, no sentían particular hostilidad hacia la religión. Pero en febrero de 1790, la Asamblea suprimió las órdenes monásticas, con excepción de las dedicadas a la enseñanza y al ciudado de los hospitales. La confiscación de los bienes del Clero, por otro lado, que conllevaba la exigencia de subvenir a las necesidades de sus miembros, fue ocasión para una reorganización de la Iglesia de Francia: la Constitución Civil del Clero redujo el número de diócesis a una por departamento, agrupadas en diez metrópolis; los obispos recibírían su investidura no ya del Papa, sino del metropolitano, y los párrocos serían elegidos por sus feligreses; un decreto del 27 de noviembre impondrá a unos y otros el juramento de fidelidad a la Nación, a la ley y al rey. El concordato de 1516 fue unilateralmente abolido y la separación con el papado, salvo en materia doctrinal, vino a ser total. Por aquella constitución del Clero que Luis XVI se resignó a sancionar, los protestantes vieron reconocido el derecho a practicar su culto y los judíos recibirán la ciudadanía francesa.
Dos días después de que la Constituciòn Civil del Clero hubiera sido votada, y para conmemorar el primer aniversario de la toma de la Bastilla, una gran fiesta cívica congregó en París –acto simbólico de unidad nacional-, a delegaciones de todas las guardias nacionales de Francia. En el Champ de Mars, Talleyrand, uno de los cuatro obispos que aceptaron jurar aquella constitución del Clero, celebró la misa en el altar de la patria, y La Fayette prestó juramento en nombre de los federados. Luis XVI fue muy aplaudido, y los “patriotas” miraron al futuro con optimismo.
El 14 de junio de 1791, la Asamblea votaba una proposición, presentada por el bretón Le Chapelier, que suprimía las corporaciones de oficios en nombre de la libertad de industria e iniciativa, pero negaba también el derecho de asociación y huelga.
Concluída su redacción, la Constitución del país fue promulgada el 14 de septiembre de 1791. El “rey de los franceses”, que era inviolable e irresponsable, ostentaría el poder ejecutivo y, en virtud de sus facultades suspensivas, podría vetar, por un período de dos legislaturas, esto es, cuatro años, una ley votada ya; los ministros, elegidos por él fuera de la Asamblea, endosarían la responsabilidad política de sus actos; finalmente, al no disponer, en adelante, del Tesoro ni de los bienes de la Corona, recibiría una suma anual, con el nombre de lista civil.
Una asamblea única de 745 miembros, elegidos por sufragio muy indirecto, sería la encargada de votar leyes e impuestos, y todos los franceses mayores de edad eran ya ciudadanos, si bien sólo con derecho a voto los activos, es decir aquellos que, con 25 años cumplidos, pagasen una contribución de, al menos, tres jornadas de trabajo; estos designarían a los electores entre aquellos que gozasen de cierta fortuna, los cuales elegirían a los diputados. Régimen censitario, si no plutócrático: la soberanía de la Nación no suponía la del pueblo general, como Rousseau quería en su “Du Contrat Social”. La Nación quedaba circunscrita al ámbito de los poseedores. Monarquía constitucional y separación de poderes, según Montesquieu propugnara cuarenta y cinco años antes, aunque apartándose de su lección sobre los cuerpos intermedios moderadores.
Con la administración local confiada a consejos elegidos, Francia quedó dividida en 83 departamentos sin representación directa del rey; anomalía que un día vendrán a corregir el Consulado y el Imperio napoleónico.
Mientras la Asamblea parecía ir despejando los problemas más acuciantes, en Inglaterra, en Saboya y en la margen opuesta del Rin, venían formándose grupos de emigrados que buscaban conseguir la intervención de los soberanos extranjeros en los asuntos de Francia.
Y, en el interior, la aplicación de la Constitución Civil del Clero pronto empezó a ser causa de gravísimas discordias, particularmente después de que Pío VI se decidiera a manifestar su hostilidad a semejantes novedades. ¿No pedían, además, sus súbditos de Aviñón la unión con Francia! El Papa acabó expresando su condena por medio de su breve Caritas. Un verdadero cisma iba a dividir durante diez años a la Iglesia de Francia: por un lado, la mayoría, que acabará ocultándose, exiliándose o pagando con la vida la integridad de su fe, los llamados réfractaires; y, por otro, una minoría que había prestado juramento, los jureurs, pronto despreciados por los fieles, pero protegidos, ¡de momento!, por el régimen. En París, los “patriotas” impedían a aquellos ejercer su ministerio; pero en el Oeste o en Alsacia, eran los campesinos quienes maltrataban a los juramentados. Y numerosos católicos fueron pasándose al campo de los enemigos de la revolución.
Y tanto más crítica era la situación política y social, cuanto que la actitud del monarca no era precisamente de colaboración sin reservas; cierto es que a los emigrados del exterior les desaconsejaba cualquier aventura que pudiera comprometer su causa en el interior, pero La Fayette no era ya escuchado, cuando Mirabeau le sugería que abandonase París para ponerse a salvo entre sus fieles de las provincias. Sobre todo, Luis XVI, cristiano escrupuloso, no cesaba de reprocharse el haber sancionado con su firma la Constitución Civil del Clero. Convenientemente azuzada, la desconfianza del pueblo de París hacia el rey fue creciendo.
Es que la situación política se iba degradando. El 2 de abril había muerto repentinamente, a los cincuenta y dos años, el conde de Mirabeau, el más brillante orador de aquella Constituyente, distanciado ya de los “patriotas” por entonces.
No era ya cuestión de concordia y abrazos fraternales, en esta primavera de 1791; por los claustros abandonados de los conventos, convertidos ahora en clubes polìticos, sólo se oían amenazas siniestras, magnificadas en las columnas de ciertos periódicos, contra los aristócratas, los refractarios y el mismísimo rey.
Luis XVI decidió jugar entonces la arriesgada carta de la ruptura. Y en la noche del lunes 20 de junio de este 1791, la familia real, con el aya de los infantes, dos camareras y tres guardias de corps, disfrazados todos para la ocasión, emprendía el camino de Lorena en una enorme berlina. En Metz esperaban las tropas del marqués de Bouillé, comandante de aquella plaza.
La familia real llevaba siete horas de adelanto sobre los correos que ya La Fayette y el alcalde Bailly habían lanzado contra los fugitivos, a los que pensaban poder dar alcance antes de que llegaran a su destino. Pero no fue necesario: mientras cambiaban el tiro, Luis fue reconocido cerca de Varennes-en Argonne.
Y, con honda pesadumbre y bajo la escolta de guardias nacionales, el rey y su familia hubieron de reemprender al día siguiente el camino de regreso.
Oficialmente, la aventura de Varennes no se consideró huida, sino secuestro, a fin de no envilecer a la realeza, que pertenecía a la Nación. París acogió glacialmente a los fugitivos, aunque sin ninguna señal violenta de hostilidad; pero es que severísimas consignas se habían lanzado para que así fuese.
Luis XVI fue únicamente suspendido, pero algunos ya exigían su deposición. Una petición republicana, emanada de los Cordeliers y expuesta en el “altar de la patria”, en el Campo de Marte de París, fue firmada el 17 de julio por numerosos ciudadanos. El alcalde Bailly, que temía graves desórdenes, proclamó la ley marcial y, en el transcurso de un altercado, los guardias nacionales llegaron a disparar contra los manifestantes.
La Asamblea se alarmó y decidió atajar aquel movimiento de extrema izquierda, uno de cuyos portavoces era Marat, con su virulento L’Ami du Peuple. Fue entonces cuando los miembros moderados del club de los Amis de la Constitution, partidarios aún de la monarquía (La Fayette, Barnave, Siéyès…), lo abandonaron para formar les Feuillants. Y el club de los jacobinos, que Robespierre reorganiza, va a convertirse en la ciudadela de los “demócratas”.ñ
Las primeras relaciones entre la Revolución y Europa habían sido, si no amistosas, pacíficas al menos, y la Asamblea Constituyente se había comprometido a “no emprender ninguna acción contra la libertad de otros pueblos”.
Pero ciertos acontecimientos vinieron a alterar aquella disposición. Algunos príncipes alemanes con dominios en Alsacia habían protestado contra la abolición de sus derechos y rechazaron las indemnizaciones que la Constituyente les ofreció. Y en Aviñón, los súbditos del Papa venían solicitando su unión a Francia; así que, tras muchas vacilaciones, la Asamblea acabó anexionando aquel enclave con el condado de Venasque, en septiembre de 1791. Aplicación del derecho de los pueblos a disponer de sí mismos, que no podía dejar de inquietar a los reyes.
Ya para entonces Condé había conseguido reunir en Coblenza, en el territorio del elector de Tréveris (Renania-Palatinado), una especie de vanguardia de la invasión. Condescendiendo a aquellas instancias y a raíz de la suspensión de Luis XVI, el rey de Prusia y el emperador Leopoldo II declararon en Pillnitz, el 25 de agosto de 1791, que estaban considerando “los medios más eficaces para intervenir en Francia”; acción subordinada a la unanimidad del resto de las potencias. Pero los sectores radicales de Francia afectaron tomar aquella declaración como cosa cierta.
Después de la salida del reino de la primera aristocracia, con la crispación creciente de los acontecimientos habían huido luego parlamentarios y nobleza de toga. Los príncipes, que habían trasladado su engreimiento de Versalles a Worms y a Coblenza, enviaron a las provincias agentes que recorrían las casas solariega y châteaux, pidiendo a los hidalgos que fuesen a reunirse con ellos. Para muchos era cuestión de honor, cuando todo lo demás lo habían perdido y se debatían ya por conservar la vida. Emigración que dista mucho de haber sido únicamente aristocrática.
Luis XVI quedó restablecido en sus altas funciones, una vez que hubo jurado la constitución ahora revisada, aquel 14 de septiembre de 1791.
A propuesta de Robespierre, la Asamblea había decidido que los constituyentes no podrían sentarse en los escaños de la nueva legislativa. Y el 30, aquellos diputados, persuadidos de haber triunfado a la vez contra el Antiguo Régimen y el extremismo de izquierda, se separaron a los gritos de Vive le Roi!, Vive la Nation!
APUNTE BIBLIOGRÁFICO
BERTAUD, Jean-Paul: La vie quotidienne en France au temps de la Révolution (1789-1795);Hachette, 1983 y ed. posteriores.
CHARTIER, Roger: Les origines culturelles de la Révolution française; Paris, Seuil, “L’Univers
historique” 1990.
CHAUSSINAND-NOGARET, Guy: Louis XVI, le règne interrompu. Ed. Tallandier, 2002.
FURET, François (1927-1997): La Révolution Française; 1965 (con Denis Richet); se trató de una revolución de Notables, cuyo control perdieron entre 1793 y 1795, ideas que Furet desarrolla en Penser la Révolution Française; Paris, Gallimard, 1978.
GODECHOT, Jacques: La prise de la Bastille, 14 juillet, 1789; Gallimard, 1965.
LEVER, Evelyne : Louis XVI; ed. Fayard, 1991.
MORNET, Daniel : Les origines intellectuelles de la Révolution française (1715-1787); 1933.
En español : Los orígenes intelectuales de la Revolución francesa (1715-1787); Buenos Aires, Paidos, 1969.
En filmografía, además de los numerosos films que han querido evocar la Revolución a lo largo del tiempo, tenemos “Un peuple et son roi”, de Pierre Schoeller, salido en 2018, que pretende darles a las mujeres (signe des temps!) un protagonismo que dicen que tuvieron, ¡Al César lo que es del César! Catherine Pochetat, Marie Charpentier, Pauline Léon…
En español:
GODECHOT, Jacques: Los orígenes de la Revolución francesa: la toma de la Bastilla (14 de julio de 1789); Península, 1974, 1985
MORNET, Daniel : Los orígenes intelectuales de la Revolución francesa (1715-1787); Buenos
Aires, Paidos, 1969.
